Culiacán, Sinaloa (El Sur de Sonora).-
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, confirmó que derivado de la violencia de los enfrentamientos que se registran en las comunidades rurales de Choix, se ha detectado desplazamiento forzado.
Loza Ochoa compartió que ya sostuvieron contacto con las autoridades municipales de El Fuerte y Ahome, para tener conocimiento del número exacto de personas desplazadas.
Loza Ochoa, señaló que, aunque no se tienen cifras exactas, los reportes de personas que han huido de sus hogares debido a la inseguridad son una realidad innegable.
“Solicitamos información a los municipios para conocer el número de personas desplazadas, pero ya es claro que la violencia ha generado una diáspora en la región”, indicó.
Este fenómeno no es nuevo en el estado. Entre 2009 y 2012, se registraron alrededor de 27 mil personas desplazadas por la violencia en Sinaloa.
Desplazamiento forzado puede aumentar sino se toman medidas
Aunque las cifras actuales aún no alcanzan esos niveles, la CEDH advierte que el problema sigue vigente y podría agravarse si no se toman medidas inmediatas.
Sin embargo, los esfuerzos de la CEDH para atender a las familias desplazadas han encontrado obstáculos.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intentó visitar comunidades afectadas en Tomo e Imala para documentar la situación y ofrecer apoyo.
Sin embargo, su visita fue impedida por la Comisión de Búsquedas y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
“Fue una invitación, entre comillas, para que no estuviéramos presentes”, denunció Loza, quien lamentó la falta de cooperación entre instituciones.
“Nosotros no competimos con nadie. Queremos facilitar el proceso y garantizar que las víctimas de la violencia reciban la atención que necesitan”, afirmó.
Por enfrentamientos “hay ausencia de autoridades” en las comunidades serranas
El desplazamiento en estas comunidades responde a enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha dejado comunidades prácticamente vacías.
En Tomo, por ejemplo, solo quedan dos familias, mientras que en otras zonas se reportan restos humanos calcinados, lo que sugiere la presencia de ejecuciones violentas.
A pesar del anuncio de una base militar en la región para reforzar la seguridad, la CEDH advierte que la violencia y la falta de respuesta gubernamental siguen afectando a las personas desplazadas.
“Es fundamental que las autoridades coordinen esfuerzos para evitar que esta situación siga escalando”, advirtió Loza Ochoa.
Mientras la inseguridad persista, cientos de familias sinaloenses continuarán abandonando sus hogares en busca de seguridad, enfrentando la incertidumbre y el abandono institucional.
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