Washington, Estados Unidos (El Sur de Sonora).-
El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, volvió a encender la polémica este domingo al anunciar un plan para expulsar “inmediatamente” a las personas sin hogar que actualmente viven en las calles de Washington D.C., como parte de su propuesta para federalizar el control de la capital.
A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que su administración trasladará a estas personas “lejos” de la ciudad, y prometió ofrecerles alojamiento.
El presidente republicano no precisó en qué condiciones ni en qué lugares serían reubicadas.
Trump también dirigió un mensaje a quienes calificó como “criminales”, a quienes advirtió que no serían reubicados, sino encarcelados:
El presidente adelantó que ofrecerá una rueda de prensa este lunes para presentar los detalles de su propuesta, que busca “recuperar el control” de la ciudad, la cual, recordó, posee un estatus político especial por no ser un estado y tener autogobierno limitado.
Según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en 2024 más de 5 mil 600 personas vivían en situación de calle en Washington D.C., lo que coloca a la capital en el puesto 15 a nivel nacional en esta problemática.
Personas sin hogar “pretexto para federalizar la capital de EE.UU.
La situación de las personas sin hogar en la capital ha sido foco de atención por años, con tensiones constantes entre las autoridades locales, organizaciones civiles y el gobierno federal sobre las mejores formas de atender este fenómeno complejo que mezcla pobreza, salud mental, desempleo y vivienda inaccesible.
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha sugerido en varias ocasiones colocar a Washington D.C. bajo control federal directo, eliminando parte de su autonomía.
Aunque esta medida enfrenta fuertes resistencias políticas y legales, el presidente ha insistido en que es necesaria para resolver problemas que, en su opinión, las autoridades locales no han podido contener.
El plan anunciado este domingo podría formar parte de esa estrategia más amplia de control, aunque ya ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, que temen un enfoque punitivo y deshumanizante hacia una población vulnerable.
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