Tepic, Nayarit (El Sur de Sonora).- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero presume un discurso de impulso al deporte en Nayarit, pero en los hechos su política se traduce en ceder a la iniciativa privada inmuebles construidos con dinero público, sin que ello represente beneficios para las finanzas estatales.
El ejemplo más claro es el recién inaugurado estadio de beisbol Coloso del Pacífico, una obra presentada como emblema deportivo de la entidad.
Con el aval exprés del Congreso local, el inmueble cuya construcción superó los 700 millones de pesos del erario fue entregado en comodato a una empresa privada por un periodo de cinco años, dejando al margen a la ciudadanía que lo financió.
El pasado 5 de septiembre de 2025, el Congreso recibió la iniciativa del Ejecutivo para autorizar el préstamo del estadio a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Jaguares de Nayarit, S.A. de C.V.
El trámite avanzó con una rapidez sospechosa, sin debate público, sin convocatorias abiertas y sin información sobre los criterios que definieron a la compañía beneficiada.
El Coloso del Pacífico fue inaugurado en noviembre de 2024 con bombo y platillo. Se presentó como el símbolo de una política deportiva de largo aliento y como el recinto que marcaría “un antes y un después” en la historia de Nayarit, según palabras del propio gobernador.
Pero a menos de un año de su apertura, la promesa de un espacio público se diluye: oficinas, palcos, zonas comerciales y estacionamientos pasarán al control privado.
La justificación oficial habla de consolidar al estadio como “espacio de pertenencia y orgullo” de los nayaritas. Lo contradictorio es que, para alcanzar ese supuesto orgullo, el gobierno entrega las llaves de un bien público a manos privadas.
Iniciativa Privada se beneficiará con obra realizada con recursos públicos
El documento aprobado señala que el estadio podrá destinarse a eventos deportivos, culturales, recreativos, artísticos e incluso económicos.
En pocas palabras: un cheque en blanco. Sin embargo, en ningún punto de la iniciativa se aclara si hubo licitación pública o concurso transparente para definir al administrador.
Tampoco se precisan los beneficios directos para la población ni mecanismos de rendición de cuentas.
El contrato de comodato, con vigencia de cinco años, establece que los gastos, honorarios, impuestos y derechos serán cubiertos por la empresa al igual que las ganancias de las cuales, los ciudadanos no tendrán a pesar de que el inmueble fue construido con sus impuestos.
El Coloso del Pacífico representa una inversión superior a los 700 millones de pesos, pagados con dinero público.
Hoy, ese mismo estadio se convierte en un negocio privado disfrazado de comodato, con la posibilidad de explotar comercialmente cada metro cuadrado, desde los palcos hasta los estacionamientos.
El gobierno argumenta que no se trata de privatización, sino de “aprovechamiento estratégico”.
La realidad, sin embargo, es que la administración estatal se desentiende de un bien recién construido y lo pone en manos de una sola empresa, sin competencia, sin transparencia y sin garantías de que los beneficios lleguen a la ciudadanía.
El papel del Congreso local tampoco es menor.
La iniciativa llegó, se dictaminó y se aprobó en un abrir y cerrar de ojos. No hubo mesas de análisis, ni foros ciudadanos, ni cuestionamientos públicos.
El Legislativo actuó como oficialía de partes del Ejecutivo, validando un acuerdo que, en los hechos, traslada un patrimonio público a intereses privados.
Lo más grave de este proceso es que las y los nayaritas fueron excluidos.
No hubo consulta, no hubo explicación clara sobre los términos del contrato y tampoco se establecieron garantías de que los recursos generados por la operación del estadio regresen al Estado en forma de programas deportivos o beneficios sociales.
La administración de Miguel Ángel Navarro Quintero parece empeñada en vender la idea de que el Coloso del Pacífico es símbolo de orgullo.
Pero con decisiones como esta, lo único que se fortalece es la percepción de opacidad, improvisación y beneficio privado en detrimento del interés público y ganancias por debajo de la mesa para el gobernador.
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